General Mario Montoya podría ser llamado por la CPI

Jueves 14 de junio de 2012, por Camilo Segura


La impunidad que ronda el caso de la Masacre en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cometida en el año 2005 por paramilitares y miembros del Ejército Nacional, en cuanto a la judicialización de los autores intelectuales, ha llevado a los abogados de las víctimas a considerar llevar el caso a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

“Para nadie es ningún secreto que en las actuaciones judiciales que hasta ahora se han llevado sobre el caso ningún alto mando, paramilitar o militar, ha sido vinculado” afirma el abogado Jorge Molano, de la Corporación Sembrar, quien sostiene que “la inoperancia de la justicia para encontrar a esos máximos responsables” sería la principal razón para buscar la intervención de la Corte Penal Internacional.
Según el abogado, “El General Mario Montoya, como comandante de la I División del Ejército tiene responsabilidad. Según los testimonios de paramilitares y militares, él habría autorizado el patrullaje conjunto entre miembros de la Fuerza Pública y grupos paramilitares, más exactamente, el grupo ‘Héroes de Tolová’ ( comandado por alias Don Berna)”

“Por ejemplo, varios oficiales, en sus mismos alegatos o versiones libres, señalan al coronel Néstor Iván Duque, que además ha sido señalado por la comunidad como autor otras violaciones a los Derechos Humanos, como el comandante del operativo que terminó en la masacre de 2005. Comandante, no desde el terreno, sino desde el batallón, que queda en San Pedro de Urabá. Y a él no lo toca el Tribunal. Lo llaman a rendir testimonio, pero no lo involucran en la investigación” afirma el Padre Javier Giraldo, quien ha acompañado a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó desde su fundación.

Pero estas no serían las únicas razones que llevarían a las ONG a buscar a la CPI. La justicia local es objeto de críticas por parte de la Comunidad y de quienes la acompañan en su propósito de buscar justicia y verdad “La de Urabá es una justicia donde no rigen los principios rectores del Código de Procedimiento Penal o la Constitución. No hay independencia de poderes. En Urabá la justicia la ordena y la rige la Brigada XVII del Ejército Nacional (involucrada en la masacre). Los fiscales son simples mensajeros de la brigada. Lo que funciona es un mercado de testimonios. Hay tarifas de testimonios, pero sobretodo, de testimonios falsos. El resultado es este, una impunidad reinante en la inmensa mayoría de los crímenes” afirma Giraldo

Según el Padre, quien además dirige la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “ya la gente no confía en la justicia colombiana. Desde la creación de la Comunidad de Paz se presentaron denuncias y alertas ante las autoridades, pero la masacre de 2005 fue la gota que rebasó la copa. Por ejemplo, ahora, cuando ocurren asesinatos, la Fiscalía cita a la Comunidad y esta no asiste porque no tiene confianza en las autoridades. Por eso, también, consideramos que esto debe llegar a la CPI (Corte Penal Internacional)”

La sentencia

El pasado 12 de junio de 2012, el Tribunal Superior de Antioquia dictó sentencia contra cuatro militares de bajo rango (Alejandro Jaramillo Giraldo, Jorge Humberto Milanés Vega, Darío José Brango Agámez y Edgar García Estupiñán) por su participación en la masacre ocurrida en Mulatos y la Resbalosa, territorios dela Comunidad de Paz. Para el tribunal, los testimonios de integrantes del Ejército “demuestran con certeza, el patrullaje conjunto entre las tropas del Ejército y la tropa del grupo ilegal”

En la sentencia, el Tribunal también afirma que “las muertes que se produjeron como resultado de ese patrullaje conjunto con el grupo ilegal, obedecieron al quebrantamiento de la posición de garantes que tenían algunos procesados (miembros de la Fuerza pública)” resaltando la connivencia con los paramilitares en la que incurrieron los oficiales.

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